El mismísimo presidente de la Asamblea, Mario Ponce, recurrió a esta maniobra. 

El plazo que originalmente vencía el sábado 13 de julio fue ampliado hasta el próximo 13 de noviembre de este año. 

Morales agregó que no solo los legisladores faltarían a la ética, sino el presidente Salvador Sánchez Cerén, al sancionar una ley que “claramente no atiende los parámetros dictados” por la resolución de la Sala de lo Constitucional . 

El diputado no partidario, Leonardo Bonilla, dijo que no recibió explicaciones de parte de los demás parlamentarios por la suspensión y cree que podría deberse a que no habría los votos suficientes para aprobarla.

Las organizaciones dijeron que están al tanto del “pacto de impunidad” que establecieron los legisladores y que se trabaje un proyecto de ley en compañía de las víctimas del pasado conflicto para lograr una verdadera reconciliación.

Luego de la entrega del proyecto de ley por parte de la subcomisión no se ha tratado el tema en la Comisión Política. 

Bonilla dijo que en la elaboración del proceso han existido una serie de irregularidades como que legisladores que estuvieron involucrados en el pasado conflicto armado sean los encargados de aprobar la ley, porque eso los vuele juez y parte y el mismo presidente de la República, que es el encargado de sancionar le ley, fue parte del conflicto.

A través de un comunicado difundido en la cuenta de Twitter de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Bachelet dijo que la Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, que discute la Asamblea podría implicar una amnistía, propiamente dicha.

La comisión terminó de revisar el documento y se ha tenido en cuenta lo ordenado por la Sala de lo Constitucional tras declarar inconstitucional la Ley de Amnistía en julio de 2016.

Fuentes legislativas informaron que la intención inicial era someter la discusión de la ley este jueves, pero que a última hora se consideró someterlo hasta el próximo jueves pero que siempre sea el presidente Salvador Sánchez Cerén el encargado de firmar el documento.