La Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Civil que el expresidente Mauricio Funes, uno de sus hijos y su exesposa, Vanda Pignato, restituyan al Estado de El Salvador $1,234,732.67 que no lograron justificar como aumento de su patrimonio mientras Funes fue presidente (2009-2014).

En la audiencia desarrollada la mañana del jueves se conoció que a Funes se le imputa un aumento patrimonial no justificado por $791,992 a Diego Funes $297,602 y a Pignato, $145,106.77.

La parte fiscal señala que este aumento de patrimonio se da luego de estudiar a detalle las cuentas de los imputados, algo que no realizó el perito designado.

Pese a esto el Ministerio Público solicitó a las magistradas que solo tomen en cuenta 5 de los 8 puntos solicitados en la pericia.

La evaluación realizada por los fiscales señala que "Funes gastaba más de lo que ganaba".

Según el informe de la Oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cifra inicial que no justificó el grupo familiar de Funes era menor al millón de dólares, pero con los nuevos datos de la Fiscalía, la cifra ha aumentado a un aproximado de $500,000.

Además de devolver el dinero señalado, la Fiscalía ha solicitado que se inhabilite por 10 años a Funes para optar por un cargo público.

En el caso de la secretaria de Inclusión Social no se ha solicitado una restricción de este tipo.

La defensa del exmandatario ha argumentado que la Fiscalía ha usado a conveniencia el peritaje y se ha presentado un monto que resulta de sumas mentales.

El abogado de Funes solicitó que no se considere el monto que señala la parte acusadora, el cual calificó de "sorpresivo y presentado fuera de tiempo".

La decisión por el caso se estaría dando a conocer el próximo martes a las 10:00 de la mañana.