El Juzgado 9° de Paz de San Salvador realizó esta mañana la audiencia inicial en contra del ex presentador de televisión, César Jorge Hernández, y de su contador, Esteban Cañas Calderón, ambos acusados de lavado de dinero y activos.

La Fiscalía en su exposición pidió al juez que se envíe el caso a la etapa de instrucción y que se le decrete detención provisional al expresentador, puesto que se corre peligro de que se fugue del país. Aseguraron que, de hecho, días antes de su captura Hernández había estado en el exterior. 

Asimismo, el Ministerio Público pidió al juzgador que se le decrete un embargo a los bienes financieros e inmuebles del empresario. 

Al finalizar la audiencia, la jueza dijo que será este miércoles en horas de la tarde cuando se conozca su decisión: si Hernández y Cañas continúan el proceso judicial y —de ser así— si quedarán presos o recibirán medidas alternas a la detención.

Al tener la oportunidad de hablar ante la jueza, Hernández rompió en llanto y apeló a que se le permita seguir en libertad aduciendo que 60 empleados y sus familias, además de tres hijos, dependen de él.

“No soy delincuente, tengo tres empresas, entre ellos un periódico líder en el país, en donde laboran 60 personas, es decir 60 familias que dependen de mí”, dijo. Luego continuó: “Permítame estar con mi familia, porque tengo un hijo de un año, otro de tres que padece enfermedades cardiacas porque lo han operado dos veces de corazón abierto y un hijo de 14 años con autismo, y todos dependen de mí”.

El imputado también señaló que no conoce a Francisco Arteaga, el empleado de Casa Presidencial que según la Fiscalía era el encargado de recibir los fondos del Tesoro Público para luego transferirlos las cuentas de Hernández. “Nunca ha sido funcionario público, desconozco a Francisco Arteaga. Yo no soy político y no entiendo por qué me relacionan con este caso”, finalizó.

Sobre las imputaciones

Los imputados fueron detenidos entre el 3 y el 4 de noviembre, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación en la que determina que Hernández habría recibido, en cinco cuentas bancarias, cerca de 8.1 millones de dólares provenientes de fondos reservados de la Presidencia (partida secreta) durante la administración del expresidente Antonio Saca González.

La FGR sostiene además que Cañas habría sido el responsable de maquillar la procedencia de dichos fondos. El imputado Cañas Calderón es el hombre de confianza en la administración financiera de las empresas a nombre de Hernández.

Previo a la instalación de la audiencia, el abogado defensor Lisandro Quintanilla explicó que, a su juicio, “existe un problema serio de imputación de parte de la Fiscalía. Todo se reduce a un tema de falta de claridad, falta de especificidad de los dineros recibidos en una sociedad y de los dineros utilizados en esa sociedad en otros rubros”.

Según Quintanilla, lo que se plantea en la acusación “es un problema de razonabilidad de los dineros recibidos, y es un problema que en el transcurso de la instrucción se puede demostrar por qué se recibió y por qué se gastó de esa manera”.

La defensa adelantó que cuenta con los documentos para solicitar al juez que sus representados no sean enviados a prisión mientras dura el proceso.

El dinero depositado a las cuentas habría ido a parar a tres empresas propiedad de Hernández, las cuales habrían sido creadas para el lavado de dinero antes de que estos fondos regresaran a las manos de Saca, tanto en cuentas personales como empresariales, según la información fiscal.

Otros tres imputados en el caso, en calidad de reos ausentes, son el empresario Enrique Guatemala, de 51 años; el abogado Carlos Agustín Gamero Quintana, de 51, y el abogado y notario Laabin Nimrod Tóchez Maravilla, de 47. 

Estos últimos tres deberán presentarse personalmente o mediante sus abogados a la audiencia inicial, debido a que no hay ninguna orden de detención en contra de ellos.