El expresidente de la República, Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua, emitió un comunicado en el que argumenta que la derecha utiliza las instituciones del Estado salvadoreño para provocarle una “muerte civil y política”, y “aún física”.

Funes argumentó que la derecha, el partido ARENA y los grupos de poder económico del país han trazado un plan para atentar contra su integridad física, lo que lo llevó a pedir asilo político en dicho país centroamericano, junto a su compañera de vida y dos de sus hijos.

En una primera reacción del gobierno salvadoreño, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo que El Salvador respetará la decisión de Nicaragua, de brindare asilo al exfuncionario.

"Lo que nos corresponde es reconocer lo actuado por el gobierno de Nicaragua", dijo Chicas, tras asegurar que será Funes quien explique qué sectores en El Salvador efectúan la persecución política en su contra pues el gobierno del FMLN no lo hace.

El coordinador del FMLN, Medardo González, apoyó al exmandatario de izquierda por considerar que "es inocente de lo que se le acusa mientras no se demuestre lo contrario".

El exgobernante salvadoreño ha insistido que llegó a Nicaragua por razones de trabajo desde hace tres meses y que el asilo lo tramitó luego, el 31 de agosto, después de constatar que era blanco de persecución política.

“Desde que dejé la Presidencia de la República sabía que la derecha oligárquica iba a arreciar la persecución política en mi contra como un acto de venganza por las decisiones que tomé en mis cinco años de gobierno”, señaló.

Según Funes hay sectores que no toleran que haya destapado casos de corrupción como la venta ilegal de las acciones de La Geo a una transnacional italiana y el desvío de fondos provenientes de la cooperación taiwanesa durante el gobierno del expresidente Francisco Flores.

Funes insistió en su inocencia de los cargos que lo acusan en El Salvador, que tienen que ver con haberse enriquecido ilícitamente, y dijo que mostrará su inocencia, por lo que no ha renunciado a su defensa en las instancias correspondientes. “No busco evadir la justicia salvadoreña”, aclaró.

Funes, su hijo Diego Roberto Funes Cañas y la exprimera dama Vanda Pignato son objeto de una demanda por no justificar en su declaración patrimonial al término de su mandato 728,329 dólares, lo que llevó a un proceso civil que se ventila en los tribunales, que han fijado una audiencia sobre el caso para el próximo 12 de septiembre.