—¿Dónde vive después de la tregua y de haber sido acusado por la fiscalía por su relación con pandillas? ¿Se mudó de casa quizás por seguridad?

—No me he mudado. Vivo donde siempre, en la zona rural.

—¿Tiene piscina en su casa?

—No tengo ni agua potable, hasta donde vivo no llega ni la alcaldía. Es un camino de tierra el que va a mi casa.

—¿De qué vive?

—Yo soy emprendedor, tengo una venta de comida y una papelería donde vendo lapiceros y esas cosas. Son cosas pequeñas.

—¿Ya no participa como mediador entre pandillas?

—Al parecer las partes le apuestan a la guerra, yo voy a esperar a que sacien las ansias de sangre y muerte que cada quien tiene y cuando lleguen al convencimiento que esto no tiene solución más que por la vía del entendimiento y diálogo y crean que yo les puedo ser útil, pues aquí estoy. Mientras tanto que se maten si eso es lo que quieren.

Uno se pregunta cuál es el poder de Raúl Mijango para decirle a la muerte “cesa” y que se detenga. Él mismo en julio de 2013, cuando se había disparado la cifra de homicidios en el país, afirmó que estos iban a detenerse en 72 horas para volver a los bajos niveles. Por estas declaraciones fue duramente cuestionado por las autoridades que lo acusaron públicamente de ser colaborador de las pandillas.

Tres años más tarde, en mayo de 2016, el antiguo líder sindical, exguerrillero, exdiputado del FMLN y exmediador de las pandillas fue apresado bajo acusaciones de agrupaciones ilícitas y hasta el momento el caso sigue abierto mientras goza de medidas sustitutivas.

Usted que conoce el fenómeno de las pandillas ¿cree que se encuentran acorraladas por las medidas extraordinarias de seguridad que ha llevado a cabo el gobierno? Hablamos que solo en 2016 les ha causado 603 muertos.

El Salvador cerró 2016 como uno de los países más violentos del mundo con una tasa promedio de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. Los datos de la PNC registran 650 enfrentamientos, entre comillas, durante el año que dejaron más de 600 pandilleros muertos. Esto nos lleva a que hay casi dos enfrentamientos diarios. Si luego registras entre 12 y 14 homicidios diarios, es que la situación de violencia sigue siendo grave pese a las medidas extraordinarias y a los recursos que se han invertido. Esta administración, a diferencia de la de Funes ha tenido fondos estratégicos en el que se incluye el impuesto a la telefonía.

¿Entonces el problema no ha disminuido y el Estado o miente o se equivoca?

El problema sigue siendo de enfoque y estrategia. El error fundamental del Estado salvadoreño que ha cometido, no en 2016, sino en los últimos 20 años, es que está viendo con el lente equivocado el problema de la violencia.

¿Y según usted cómo hay que verlo?

El problema es que hay un enfoque represivo del delito y es lo que se viene haciendo desde hace 20 años. La tendencia ha demostrado que cuando se ataca el problema solo por esa vía, este aumenta y se vuelve más complejo. Solo en 2012 y 2013 (años de la tregua entre pandillas) la tendencia bajó. El enfoque de 2016 es que presenta como éxito haber reducido los homicidios de 24 diarios a 12 y 14. Esto es muy superficial porque no analiza que la violencia ha venido por varias etapas. Cuando inició el fenómeno, la guerra que se libraba entre pandillas era por controles territoriales y esa guerra mantenía al país sometido a un nivel de zozobra y violencia. A eso se le sumaban las purgas internas de cada pandilla. Así fue la situación hasta 2012 cuando un grupo concluimos que si queríamos impactar positivamente había que pasar por desmontar el factor de guerra y para ello era necesario buscar un entendimiento entre las mismas pandillas para que cesaran las acciones hostiles.

Esto se llamó “tregua” y según la opinión pública y la oficial fue un desastre, al grado que se reformó la ley para perseguir penalmente a los que mantuvieran en adelante relaciones con grupos denominados “terroristas”.

La tregua generó un efecto positivo y redujo de manera significativa los niveles de violencia por un periodo sostenido de 18 meses. En ninguna otra época las cifras de homicidios bajaron de manera significativa en el país. Llegamos a índices de 5.5 a 6 diarios, pero ya no se apoyó por razones electorales. Y por un efecto electoral se volvió al esquema represivo porque la acción punitiva genera simpatías en la población y eso se puede transformar en voto a la hora de las elecciones.

¿Qué pasa cuando se condena la tregua?

Cuando el gobierno decide ya no apoyar el proceso, y con el cambio de ministro, llega Ricardo Perdomo anunciando “se acabó la fiesta”, eso significó un regreso a la acción represiva y provocó la recuperación de los niveles de violencia porque en la medida en que el Estado ya no facilitó las condiciones para los que hacíamos trabajo de mediación para mantener la reducción, eso provocó una recuperación en la tasa de homicidios.

Se produjo un elemento nuevo que es importante analizarlo y es que en la medida en que el Estado salvadoreño decide declarar de manera frontal la guerra se le integra al fenómeno de violencia otro factor que no se tenía y es el factor de enfrentamiento entre pandillas contra el Estado y viceversa. La violencia se vuelve más compleja. Ahora se tiene que administrar la guerra entre pandillas, las purgas internas, y el enfrentamiento entre Estado y pandillas que además movilizó grupos de acción extrajudicial o de exterminio que se alimentan de este odio.

A ver, pero la lógica dice que a mayor violencia generada por grupos al margen de la ley, mayor debe ser la aplicación de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad ¿o no?

Es que con la declaración de guerra a las pandillas se genera un efecto en el que el Estado las obliga a elevar su capacidad logística. Cuando la guerra era solo entre pandillas y purgas internas, el armamento eran pistolas, escopetas, algunas carabinas y otro de menor capacidad, pero cuando se declara la guerra, hay un salto en los niveles de armamentización y cambian las pandillas a M16, AR15 y AK47. Una mala visión para enfrentar el problema fortaleció a los grupos pandilleriles.

Eso tiene un efecto y es que en la medida en que la pandilla comienza a ser enfrentada de la manera que se ha hecho por el Estado, la pandilla empieza a identificar que su principal adversario de hoy ya no es la pandilla rival, sino que es el Estado mismo. Los niveles de enfrentamiento que tenían entre sí pandillas por disputas territoriales descendieron de manera considerable, en la medida en que el Estado los enfrentó directamente.

Aunque no es oficial se conoce que en el interior del Ejecutivo hay quienes están valorando subsidiar seguridad privada en las áreas rurales y semirurales. ¿Cómo vería usted esta medida?

Es el reconocimiento al fracaso de las estrategias. El Estado no ha logrado el control territorial que se persigue porque el enfoque es equivocado, es el concepto de “tierra arrasada”. El Estado quiere llegar, matar, meter presos, y después establecer el control. Eso no es posible porque el tema pandilleril no es un problema exclusivo de grupos criminales, es un problema social. Muchas de esas comunidades son núcleos familiares vinculados a las pandillas y ejercen el control militar y social sobre esos territorios.

¿Cuál debería ser el enfoque?

Si se quiere resolver ese problema, el concepto de recuperar el control territorial tiene que ser diferente y tenemos que hablar de la “seguridad comunitaria”, que es otra cosa, es integrar a la comunidad como parte de la estrategia de seguridad. No habrá paz hasta que no se integre a estos territorios a la comunidad y dejarán de ser pandilleros porque es un fenómeno social. No es el concepto de “policía comunitaria”, es de “seguridad comunitaria”, pero hablar de estos temas rompe la estrategia de la cual depende El Salvador.

Seamos realistas quien está dictando la táctica y estrategia de cómo enfrentar este problema no son los salvadoreños, es Estados Unidos que nos ha metido a través de la Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte, a desarrollar una especie de Vietnam donde Estados Unidos pretende librar y contener a los grupos que llevan drogas hacia su país para que aquí les hagamos la contención. Eso está vinculado a la seguridad de Estados Unidos. Nos ha metido en esa lógica de guerra que no está en la dirección de reconocer nuestros problemas. Está en la dirección de contribuir a resolver un problema de Estados Unidos.

Pero Estados Unidos se ha comprometido con el desarrollo de territorios de pobreza y eso va en la lógica que usted expone.

Ese país lo que tiene es un enfoque delictual del problema. En la cabeza de Estados Unidos no cabe que esto es un problema social y para abordarlo exitosamente hay que hacerlo de una manera integral donde inclusive hay que considerar la acción civilizada de diálogo y entendimiento con los enfrentados. La historia ha demostrado que la paz la encuentran los enfrentados en el terreno, no con los amigos. Se reúnen más de 80 personas en el Consejo de Seguridad que es un grupo de amigos. Ahí no van a encontrar la paz. Si se quiere abordar el problema hay que buscar a la contraparte y hay que ver si hay alguna posibilidad de generar un entendimiento en beneficio del país para parar este desangramiento. Seguir en la lógica que esto se resuelve por la vía de la acción represiva, con ejecuciones extrajudiciales, encarcelando más gente no es solo equivocado, sino irresponsable.

La ley sin embargo, a través de las reformas, frenó todo acercamiento a pandilleros que son considerados terroristas. Usted mismo ha vivido en carne propia esto y es sujeto de investigación por parte de la Fiscalía.

La ley así como se aprueba así se vuelve a reformar. Estas reformas fueron porque no les dejaba réditos electorales a los políticos.

Hay que decir algo: se confunde justicia con venganza. La acción delictiva genera víctimas, rechazo, odios y sensaciones de venganza. Matan a diez pandilleros y todo mundo se alegra, matan a un policía y todo mundo se entristece. Al final son vidas que se pierden y tenemos que ver como país que no se pierda ni una sola.

El Estado les declara la guerra a los pandilleros pero los partidos políticos los buscan de manera clandestina para alcanzar acuerdos ¿Con qué objeto los políticos recurren a las pandillas?

Todos los partidos lo hicieron, y ahí no se escapa nadie: el FMLN, ARENA, GANA, empiezan a ver que los grupos pandilleriles tienen controles territoriales y un potencial electoral que les podría ser de beneficio en las urnas. Los partidos recurren a las pandillas no para abordar el tema de la violencia y reducir los niveles de enfrentamiento, no. Los buscaron para negociar apoyos electorales para sus respectivas banderas e incluso les hicieron ofertas económicas y eso todo mundo lo sabe. Eso elevó la calidad a la pandilla y pasaron de ser grupos criminales a fuerzas beligerantes porque se le reconoce su carácter de fuerza política.

Esto hace que las pandillas afinen los niveles de coordinación entre ellas y hace que se presenten de manera más unificada ante las contrapartes políticas y a la contraparte que los enfrenta a nivel represivo. Hoy se tiene un fenómeno de violencia en el que el efecto es que se ha reducido la guerra entre las mismas pandillas para hacerla directamente contra las fuerzas de seguridad.

¿Denuncia una violencia desde el Estado?

Una buena parte de los muertos de hoy son el resultado entre el enfrentamiento entre el Estado y la pandilla. Cualquier análisis serio sobre el tema de violencia tiene que integrar el elemento de violencia del Estado para las estadísticas. Porque el hecho que el Estado reconoce que en 650 enfrentamientos que ha tenido en el año ha provocado la muerte de más de 600 pandilleros eso refleja que ya es una estadística, que es el resultado de la violencia del Estado. Técnicamente se llama violencia del Estado.

¿Es legítima o no?

Es el resultado de la acción violenta del Estado. Si a esto le sumas los muertos por grupos de exterminio podrías estar hablando que de los más de 5 mil muertos con los que cerramos el año, una buena parte es el resultado de ese otro enfrentamiento.

Conclusión entonces: tenemos una reducción en los índices de homicidios pero no se puede negar que hoy se tiene un problema más complejo que antes. En 2012 para monseñor Colindres y yo fue relativamente fácil promover un entendimiento entre las pandillas para que cesaran hostilidades, hoy es más difícil porque si quieres parar la violencia se tiene que promover una acción entre pandillas y Estado para cesar hostilidades y eso implica reconocer la existencia de fuerzas beligerantes que le elevan la calidad al conflicto y deja de ser un problema criminal para ser un problema de guerra social y eso de alguna manera es lo que en el fondo es la realidad en la que estamos enfrentados ahora.

Volviendo a la tregua, si fue exitosa y según usted es el primer paso para frenar la violencia ¿por qué se satanizó? Y pienso también en que la tregua dio posibilidades a las pandillas de fortalecerse, de aprovechar las prestaciones que les dieron para gobernar desde la cárcel.

Yo respeto que muchos hemos tenido divergencia con los que hicimos ese proceso pero yo veo que algunas aseveraciones son más especulaciones que se basaron en información que no del todo era correcta. Se nos acusó que durante ese periodo la reducción de muertos no era cierta porque se habían aumentado las desapariciones. Eso lo promovió el exdirector de Instituto de Medicina Legal, Fortín Magaña. Pero en la realidad el número de desaparecidos se redujo en un 51.7 según datos oficiales. Durante ese proceso provocamos que las pandillas entregaran voluntariamente 504 armas.

Que se dijo que no servían…

La PNC certificó que el 85 % estaban en buenas condiciones para ser usadas. Luego dijeron que entregaron armas viejas a cambio de darles nuevas. Es que en la especulación yo puedo decir cualquier cosa pero lo real es que en 18 meses no se tuvo un solo motín en los centros penitenciarios pese a las dificultades de hacinamiento que ahí hay. Se redujo la tasa de homicidios a 5.5 diarios, en ese periodo se declararon zonas de paz los centros escolares del país y dejaron de producirse alumnos muertos por enfrentamientos en disputas del territorio.

No se puede obviar que iniciamos un proceso en 11 municipios que le llamamos “libres de violencia” donde logramos impactantes reducciones de violencia como en Sonsonate y en Ilopango.

Pero las extorsiones se dice que aumentaron ¿o usted me lo va a negar?

Es que reducir las extorsiones no era parte del entendimiento inicial. Todo lo veíamos como parte de un proceso progresivo que si funcionaba primero dejarse de matar, luego había que abordar el tema de las extorsiones y otros. En esa etapa no estaban solo facilitadores, sino que debía entrar el Estado por una razón, y es porque hay que hablar de economía. El 11 por ciento de la población de este país vive de lo que genera la acción delictiva de las pandillas a través de la extorsión.

No puedes partir solo de buenas voluntades, si no desarrollar acciones que complementen la debilidad que obliga a muchas familias salvadoreñas a ver la violencia como opción de vida. Íbamos a entrar a esta etapa cuando el Estado estuviera preparado para dar respuesta de cómo pensaba resolver eso y es por medio de la inversión social en las zonas más desprotegidas del país, abriendo oportunidades y para eso se necesitan recursos.