Las medidas fueron propuestas por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, a través del Gabinete de Seguridad, quienes estiman que han beneficiado al país con una tendencia a la baja en delitos como los homicidios, así como el avance de las acciones de prevención en los territorios.
Para mañana se tiene prevista una nueva reunión para seguir discutiendo la ampliación de las medidas que se terminan el 30 de abril del presente año.
La comisión seguridad de la Asamblea Legislativa acordó revisar las medidas en conjunto con las otras entidades involucradas en su aplicación.
La representante de Naciones Unidas también remarcó que hay muchos indicios que la llevan a concluir que en el país se tienen ejecuciones extrajudiciales.
Las medidas fueron aprobadas en abril 2016 y prorrogadas en febrero del año 2017 y se vencen el próximo 30 de abril.
La orden es para que las autoridades de manera inmediata trabajen para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado.
Asimismo, se ha pedido destinar un fondo de la contribución especial para que se ayude económicamente a familias de agentes asesinados en cumplimiento de deber.
El principal mediador de la tregua salió el martes del hospital y fue llevado hacia la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).
Otros 17 cabecillas de las Mara Salvatrucha, la pandilla del Barrio 18 de la facción Revolucionarios y Sureños implicados en el caso fueron citados para una audiencia de imposición de medidas el día 22 de agosto.
La Sala de lo Constitucional ordena no hacer transferencias a instituciones afines a partidos políticos, congelar plazas, congelar los aumentos en los escalafones y no contratar seguros médicos.
