La defensa de la exprimera Dama había solicitado un juicio abreviado; es decir: confesar que cometió el delito de lavado de dinero a cambio de no ir a la cárcel, pero la Fiscalía dijo que no podía aceptar mientras no se devolvieran los $17 millones que se le acusan de haber lavado.
Esta es la segunda demanda que la Sala de lo Constitucional rechaza contra la elección que hizo la Asamblea Legislativa el diciembre pasado. La primera que se rechazó fue la que organizaciones sociales como la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) había interpuesto.
Las declaraciones del fiscal surgen después de que el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, denunciara irregularidades de financieras y administrativas dentro del órgano legislativo.
“Ninguna CICIES va a ser permanente y todas las ayudas son temporales… a mí me gustaría que fortalecieran las instituciones del sector justicia, porque no podemos estar dependiendo de las ayudas internacionales”, señaló Melara.
Estuvo al frente de la alcaldía de El Paisnal por 14 años y fue diputado del Fmln en 2006.
El nombrado fiscal adjunto dirigió la investigación de trata de menores en la que se capturó a Maximiliano González, conocido como el gordo Max, y el empresario José Denis Ernesto Regalado, quienes estuvieron en el penal La Esperanza y luego fueron absueltos.
El resto de movimientos son traslados de fiscales y personal administrativo que vendrán a reforzar el trabajo que hacen las unidades especializadas y dinamizar las investigaciones que se lleven.
Melara advirtió el día que asumió como jefe del ministerio público que los casos los iba a ganar en los tribunales y no los iba a presentar en público, como era la costumbre de Douglas Meléndez.
El jefe del ministerio público reaccionó ante la petición hecha por el FMLN sobre una investigación por evasión fiscal contra Nayib Bukele.
Melara manifestó que actualmente la institución carece de los recursos necesarios para hacerle frente a todas las obligaciones que tiene por delante.
