El 6 de enero la FGR presentó el requerimiento ante los juzgados y de llegar a ser condenados podrían ser sancionados de cuatro a seis años de prisión.
Pese a que el imputado recibió un año de pena carcelaria, esta no fue reemplazada debido a que se encuentra purgando otra condena por el delito de extorsión.
Los exdirectores son procesados por haber cometido los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y de dos víctimas, además de la población reclusa de los diversos centros penitenciarios.
Dentro de los procesados se encuentra un cobrador de la ruta 41E quien según el expediente es pandillero.
Los policías le encontraron el arma blanca al imputado, misma con la que lesionó a la víctima. El cuchillo tenía rastros de sangre y al practicar la prueba de ADN resultó positivo de que se trataba de la sangre de la víctima.
Reina Acosta es acusada por la FGR de los delitos de cohecho propio y falsedad documental agravada con la modalidad del delito de falsedad material.
La víctima es un menor de edad, a quien mantuvo privado de libertad, en una vivienda ubicada en San Miguel.
El hallazgo del cadáver fue el 15 de diciembre, a las 10:15 de la noche, cuando los agentes realizaban un patrullaje en el centro de San Salvador.
La Fiscalía, quien se mostró esquiva a los medios aclaró que la familia de Alemán, ha pedido no brindar declaración sobre su paradero.
Los acusados son dos agentes, quienes habían obtenido un fallo absolutorio por parte del Tribunal 1° de Sentencia, luego de indicar que no había encontrado suficientes pruebas para determinar la culpabilidad de ambos.
