Abarca será acusado primeramente por resistencia a la autoridad y después por agrupaciones ilícitas.

"¡Agárrelo, él es el que cobra la renta!. ¡Agárrelo, él es el que cobra la renta!", le gritaba una mujer a un agente de seguridad y a un particular, quienes después sometieron al sujeto.

Una fuente cercana al caso dijo que sólo están brindando servicio un aproximado de 20 buses que son independientes.

"Ellos nos pidieron esa cantidad de dinero y por no pagarlo nos amenazaron y nos dijeron que iban a matar a todo mi familia", lamentó la familia amenazada.

Las víctimas recibieron llamadas en 2016, cuando los mareros presos les exigían dinero para no matarlos.

Las capturas se reportaron en San Salvador, La Paz, San Miguel y La Unión.

Las personas que no poseen esos medios de transporte tienen que cancelar a los pandilleros entre $5 y $10 por vivienda, un servicio de vigilancia que es disfrazada como extorsión.

Los bienes han pasado a dominio del Conab. 

También fueron detenidas nueve personas más, entre ellas uno menor de edad.

Los terroristas exigían $1,000 bajo amenazas de asesinarlos si no les pagaban.