Los casos que piden reabrir son el de la masacre de la Zona Rosa y el derribamiento de un helicóptero militar.
"No buscamos una compensación económica, lo que buscamos es la verdad, que se nos diga dónde están nuestros padres", sostuvo uno de los asistentes, cuyo padre desapareció en 1981 a manos de la extinta Policía Nacional.
Según empleados del empresario, el hombre despidió a 100 personas argumentando que no puede pagar el nuevo salario mínimo.
La Sala de lo Constitucional ordenó en 2015 que todos los partidos con representación legislativa están obligados a dar a conocer las fuentes de financiamiento y puso fecha límite diciembre de 2016; sin embargo, hasta el momento han hecho caso omiso.
FMLN, GANA y PCN adelantaron que están dispuestos a dar los votos en el pleno.
Medardo González y Hato Hasbún coincidieron en que sea el ministerio público que determine responsabilidades.
Aseguran que el Gobierno no ha pagado el 45% del mes de diciembre, lo que ha retrasado el pago de sueldos y aguinaldos.
Representantes del Centro de Estudios Jurídicos argumentaron que luego de estudiar el expediente de la elección, se puede inferir que hubo repartición de cuotas partidarias.
Actualmente la Asamblea designa alrededor de $6.5 millones para este rubro.
Un ciudadano señala al fiscal general, Douglas Meléndez, de omitir la investigación en contra del cartel de Texis.
