El acusado presuntamente se valió del prestigio de una agencia de viajes en donde laboraba, de la cual aprovechó los contactos para engañar a las personas. Les ofrecía servicios de asesoría migratoria, renovación y trámite de la visa americana, informó Centros Judiciales.

La condenada, además, tendrá que cancelar $11,960 a las víctimas en concepto de responsabilidad civil.

El juzgado determinó que no existían los elementos probatorios suficientes que comprobaran que los nueve acusados participaron en los homicidios que ocurrieron en la casa de Hugo Osorio, ubicada en el municipio de Chalchuapa.

Los afectados se dieron cuenta de los hechos cuando intentaron registrar las propiedades ante el Centro Nacional de Registros.

El detenido habría cobrado por supuestos trámites en la Embajada de Estados Unidos, entregaba recibos y programaba citas para supuestas entrevistas que, según los denunciantes, resultaron falsas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los montos que cobraban oscilan entre los $800 y $1,500. Después de que las víctimas entregaban el dinero, las acusadas informaban a los clientes que los viajes se habían suspendido bajo diferentes excusas.

El cuchubal se desarrolló entre abril y mayo del 2022. En ese período, las víctimas entregaron diferentes cantidades de dinero semanalmente con el objetivo de ahorrar y retirar el dinero posteriormente cuando les llegara su turno.

Óscar Adilio Gámez Leiva y Joel Antonio Calles Bonilla fueron denunciados por sus víctimas, quienes entregaron el dinero a los sospechosos, pero nunca recibieron a cambio lo prometido. 

Por medio de negocios por Facebook y diversas plataformas digitales, la banda vendía productos que nunca eran entregados, detalló la Fiscalía.

Esa casa, la número 11 del pasaje Estévez, fue el lugar de habitación del expolicía Hugo Osorio, pero también la usó para asesinar a sus víctimas, en su mayoría mujeres.