Después de 8 meses de la desaparición de Carla Ayala, la jefatura de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguró haber localizado un cuerpo que posiblemente sea el de la agente, algo que la Fiscalía General de la República (FGR) considera que no fue oportuno de afirmar debido a la falta de pruebas que se tiene para determinar la identidad de las osamentas encontradas.

Tres horas después de haber localizado una osamenta en una propiedad de un familiar del agente señalado de ser el asesino de Ayala, Howard Cotto brindó una conferencia de prensa en la que dijo estar casi seguro que el cuerpo encontrado era el de la desaparecida agente y que esto se iba a corroborar mediante pruebas científicas.

La población no terminaba de enterarse de lo señalado por Cotto cuando la Fiscalía salió al paso para reclamar a Cotto calificando de inconvenientes sus declaraciones por no tener confirmada la información que había proporcionado.

Pero las diferencias entre las instituciones han ido más allá de los medios y las redes sociales, ya que el trabajo de campo realizado en este caso ha sido por separado.

Enfrentados desde el inicio

Desde un primer momento, fiscales y policías han estado en confrontación por el caso debido a la forma en la que los elementos de la PNC han desarrollado las investigaciones, algo que incluso ha llevado a suponer a los fiscales que los agentes ocultan información.

La fiscal a cargo del caso ha señalado en diferentes ocasiones que los involucrados podrían haber recibido ayuda de sus compañeros, además que estos están capacitados para borrar evidencias, algo que ha dificultado el proceso de investigación.

Fuentes de ambas instituciones han señalado que una de las principales causas de las diferencias que se han dado a conocer pasa por el control de la investigación ya que ambas partes lo reclaman.

Incluso el juez de uno de los dos procesos criticó recientemente la forma en la que ha venido trabajando la Fiscalía, ya que a su criterio ha obstaculizado el proceso de información por la estrategia que han tomado para recabar pruebas.

La vergonzosa exhumación en el cementerio

Con este panorama las autoridades llegaron al 25 de febrero, día en el que Cotto anunció que el cadáver de Ayala se podría encontrar en el cementerio municipal de San Francisco Javier. 

Incluso, fiscales fueron parte del proceso de exhumación en la que se determinó que el cuerpo no pertenecía a la agente sino al de una mujer de 90 años. El jefe policial se limitó a expresar sus disculpas a través de los medios de comunicación.

 “Recopilamos información la mandamos a FGR, se consideró que había elementos suficientes, lo mandó a juez y el juez que se encuentra en el cementerio también consideró que había elementos suficientes para sospechar que algo así fuera posible”, alegó Cotto.

Esta sería una de las causas por las que en la segunda exhumación que se quiere realizar, los fiscales se han mantenido al margen del proceso. Su participación se dio hasta en horas de la noche del viernes y se limitaron a confirmar el hallazgo de una osamenta.

 "No podemos arriesgar tampoco a establecer que se trate de ella (de Carla Ayala), tenemos que tener respeto para la familia y no debemos generar falsas expectativas", comentó una fiscal.

Según se ha conocido, el trabajo en la zona finalizó en horas de la madrugada del sábado y se tiene previsto continuar entre lunes o martes de la semana que está por iniciar.

Otros encontronazos

Esta no es la primera vez que ambas instituciones se dan un encontronazo públicamente.

Hace un par de semanas la FGR publicó en sus redes sociales que habían recibido información sobre el ataque a elementos de la seguridad pública que planeaban pandilleros.

En ese momento, voceros de la PNC y el propio director de la corporación consideraron que hacer este tipo de anuncios en redes sociales era algo irresponsable.