La derogación de ley de Amnistía, por considerarla inconstitucional, ha abierto la posibilidad de iniciar o continuar juicios contra prominentes personajes de la política nacional y militares en retiro, que habrían participado en ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto armado.

La Sala de lo Constitucional, en un fallo histórico, determinó el miércoles de esta semana que la ley de 1993 es inconstitucional, y el solo anuncio de la sentencia ha estremecido los cimientos de la estructura política del país, ya que algunos de sus dirigentes han sido señalados en informes de haber sido partícipes de crímenes de lesa humanidad, torturas, y desapariciones forzosas en los años 80 y principios de los 90.

Teniendo como punto de partida el informe de la Comisión de la Verdad, estos serían algunos de los casos y de los políticos y exmilitares que podrían verse en aprietos por haber sido señalados como violadores de los derechos humanos, secretos a voces que hoy lanzan el dedo acusador sobre sus nombres.

El asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980. El informe acusa al mayor Roberto d’Aubuisson de haber ordenado la muerte del ahora beato. Su hijo Roberto d’Aubuisson Munguía es en la actualidad alcalde de la ciudad de Santa Tecla y ha sido diputado nacional en repetidas ocasiones.

Este crimen puso en evidencia la existencia de escuadrones de la muerte que habrían sido financiados por Hans Christ, Ricardo Sol Meza, David Ernesto Panamá, Constantino Rampone, Enrique Altamirano, entre otros, según el informe.

La masacre de los sacerdotes jesuitas durante la ofensiva del FMLN en 1989. Del hecho se acusa a René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda (candidato a diputado por ARENA en las elecciones pasadas y ahora prófugo de la justicia), Guillermo Alfredo Benavides y otros miembros del alto mando de la Fuerza Armada. René Roberto López Morales, quien apoyó la campaña presidencial de Salvador Sánchez Cerén durante 2013 y 2014, es uno de los que conoció los pormenores del crimen pero que guardó silencio. En la actualidad es presidente del Consejo de Aviación Civil.

Por el mismo caso, el documento avalado por las Naciones Unidas, dictaminó que el ahora diputado Rodolfo Parker, del PDC, “alteró las declaraciones (de los militares interrogados) para ocultar las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato”.

Masacre de Las Hojas. El 22 de febrero de 1983, el Batallón Jaguar, de la Fuerza Armada, asesinó a 16 campesinos en el caserío Las Hojas, de San Antonio del Monte, Sonsonate. Se acusó a Carlos Alfonso Figueroa Morales, Carlos Sasso Landaverry y Francisco Eugenio del Cid Díaz. Este último fue jefe del Estado Mayor, nombrado por el expresidente Mauricio Funes en junio de 2012. Ese mismo día fue ascendido a general de brigada.

Ejecución de la médico española Begoña García Arandigoyen. El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 1990 en Santa Ana. Se acusó al ahora diputado del PCN José Antonio Almendáriz Rivas y a su subalterno Roberto Salvador Hernández García.

Masacre de El Mozote. Este es uno de los crímenes más horrendos de América Latina. El 10 de diciembre de 1981 en el caserío El Mozote, Morazán, el batallón Atlacatl capturó a unas mil personas, en su mayoría niños, ancianos y mujeres, a quienes al día siguiente ejecutó con lujo de barbarie (unos fueron quemados vivos al interior de la ermita). El embajador de El Salvador en Washington en ese momento, Ernesto Rivas Gallont, negó los hechos ante la comunidad internacional. En tanto, Mauricio Gutiérrez Castro, presidente entonces de la Corte Suprema de Justicia tuvo una “injerencia indebida y negativa, con criterios políticos parcializados”, señaló el informe.

Ejecuciones de alcaldes. El FMLN habría ordenado el asesinato de varios alcaldes. El informe de la comisión señala a la secretaria adjunta del PDC, Ana Guadalupe Martínez; al analista Joaquín Villalobos; y al director de Protección Civil, Jorge Meléndez, entre otros.

Masacre de marines de EE.UU. El 19 de junio de 1985 un comando urbano asesinó a un grupo de marines y civiles que departían en el restaurante Chilli’s de la Zona Rosa, colonia San Benito de esta capital. Entre los acusados de haber participado en el asesinato se menciona a Manuel Melgar, secretario privado del presidente Salvador Sánchez Cerén.

Con pinzas tratan el tema

El tema está siendo tratado con prudencia por parte de la clase política y algunos consideran que se abrió la caja de pandora por donde escaparán todos los males, mientras que otros consideran que “nada drástico va a suceder” que pueda modificar el panorama nacional.

Hasta el momento, dirigentes del FMLN han dado declaraciones aisladas y tímidas refiriéndose a generalidades de la sentencia. La diputada Jackeline Rivera habló por sus compañeros de fracción y dijo que mientras no hayan analizado la resolución de la Sala y sus alcances preferirían no dar opinión. “No conocemos el informe completo, la Sala no lo ha hecho llegar aún para darle una opinión”, se excusó este jueves.

En tanto, el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra dijo una frase lapidaria: “No vemos ninguna salida jurídica y debemos respetar la sentencia de la Sala”, expresó, y añadió que la Sala cerró las posibilidades de que se intente legislar en el futuro para obviar crímenes de lesa humanidad, tortura, genocidio y secuestros colectivos.

“Roguemos a Dios que no nos quedemos sin presidente y vicepresidente, porque esto (el dictamen de la CSJ) incluye a medio Gabinete y la mitad de diputados de la vieja guardia”, manifestó y agregó que lo que se ha destapado de seguro tendrá repercusiones.

El diputado y abogado analizó que la Fiscalía General de la República podrá investigar de oficio algunos casos, así como podrán abrir expedientes a partir de denuncias recibidas en el ministerio público, y luego propuso la unidad a todas las fuerzas políticas para formalizar “un segundo Acuerdo de Paz para dar conciliación a las víctimas”.

Por otra parte, el dirigente del PDC, Rodolfo Parker, casi desestimó la sentencia y dijo que “no hay que hacer drama del tema”. En ese sentido, señaló que la misma no va a generar repercusiones. “En función de la Asamblea Legislativa, como órgano político (debemos) evitar los resultados que puedan ser considerados dañinos para la estabilidad social”, agregó.

“Hay que generar estabilidad y seguir con un ambiente propositivo”, propuso.

En tanto, el diputado Guillermo Gallegos, de GANA, criticó que el informe de la Comisión de la Verdad, de 1993, inclina la balanza a favor del FMLN y acusa a las Fuerzas Armadas de la mayoría de crímenes. “Prácticamente es una persecución penal contra militares y gente de derecha”, lamentó.

“Yo lamento la decisión de derogar la Ley porque esto da pie para que se persiga penalmente a gente que estuvo en la Fuerza Armada y gente de derecha”, reiteró Gallegos.