Detectan 100 puntos en el país donde la empresa Tigo, contratada para las elecciones presidenciales, no tiene conectividad de internet
Son 1,596 centros de votación que han participado en el simulacro de este domingo.
Son 1,596 centros de votación que han participado en el simulacro de este domingo.
La disputa surgió luego de que Lemus publicara un tuit con dos recibos expedidos de parte, del gobierno en 2006, a la compañera de fórmula de Carlos Calleja. En el tuit Lemus hizo hincapié en que Lazo trabajó para un expresidente condenado por corrupción al apropiarse de $301 millones.
Se espera que la JRV haga el conteo de papeleta en un tiempo de una hora y como máximo una hora y media.
En algunos casos se habla de nuevas conexiones como el desvío que se tendría en la carretera a Comalapa para la carretera de Oro,a la altura del desvío a los Planes de Renderos hasta la zona de la Universidad Don Bosco.
Algunos de los diputados opinan que estos hechos violentos les generan incertidumbre, debido a que los homicidios han incrementado a pocas semanas de que se desarrollen las elecciones presidenciales.
El diputado Osiris Luna instó a los miembros de la PNC a que utilicen sus armas de fuego para repeler los ataques en su contra.
Referente a la asistencia de los votantes a las urnas, del 100% de los encuestados se sondeó que de manera segura un 63% sí emitirá su voto; el 22% de los ciudadanos salvadoreños aptos para el sufragio no participará y el 12% no está seguro de ir a la Junta Receptora de Votos que le corresponde para votar.
La demanda fue presentada por representantes de la comunidad LGTB.
Un delegado del ministerio público será asignado a que supervise 10 Juntas Receptoras de Votos (JRV), por lo que tendrán el deber de presentarse antes de las 7:00 de la mañana en los centros a los que sean enviados.
Martínez presentó 10 políticas que promoverá en caso de ser electo y se unen a las tres medidas que anunció anteriormente: la no prescripción de delitos de corrupción, aumento de penas para los condenados y que todos los bienes de los condenados sean incautados. Todo con el objetivo de garantizarle a la población el correcto uso de los fondos públicos.