La fiscal del caso detalló que son once casos de fraude informático. Las víctimas tenían vinculado su celular con la cuenta bancaria y les enviaban mensajes en los que se les estaba sustrayendo cantidades de dinero desde los $250, hasta los $3,000 y $5,000.
Las autoridades hicieron registros de los comercios para verificar su funcionamiento y prevenir la distribución de drogas, así como registraron a los clientes para dar con personas buscadas por la ley.
A los habitantes se les solicitó recibos de agua y luz para corroborar que son ellos los propietarios o los ocupantes legales de las casas.
El pandillero fue clasificado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública como "corredor" (alto cargo) de una célula de esa pandilla en Santa Ana.
Los empleados abrieron las puertas creyendo que en verdad se trataba de un operativo realizado por la Policía.
Los detenidos serán acusados de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado en grado de tentativa, posesión de droga y el uso privativo de armas de guerra.
