Después de encontrar que no había un distanciamiento social e irregularidades en los pagos a los trabajadores, el ministro de Trabajo ordenó el cierre temporal del negocio.
La Sala de lo Penal ordenó apertura a juicio tras la apelación de la Fiscalía que acusa al magistrado de agresión sexual.
De acuerdo con la Fiscalía, el juez de vigilancia penitenciaria será el encargado de velar porque se cumpla la pena impuesta.
La municipalidad está obligada a detallar cuánto dinero se descontó mensualmente y cuántas personas aportaron para financiar al partido izquierdista.
El 6 de enero la FGR presentó el requerimiento ante los juzgados y de llegar a ser condenados podrían ser sancionados de cuatro a seis años de prisión.
La mujer, tras quedarse con el dinero, desapareció las hojas de las cadenas de custodia del caso.
