Un par de meses después de que regresamos de Washington, Leonel Gómez me dijo que su investigación estaba concluida, que ya sabía quiénes y por qué mataron a Gilberto Soto.  

Había redactado dos informes, uno de carácter general, susceptible incluso de ser hecho público, y otro más específico que, según me dijo, tendría un solo destinatario. Los nombres de los autores intelectuales y materiales del crimen solo estaban consignados en el segundo informe, al que yo no tuve acceso. 

“Hay cierto tipo de información que es más saludable no saberla”, me dijo. Entendí que los tiros habían venido desde muy alto, y que eso era muy peligroso, pero Leonel conocía muy bien el terreno que pisaba.

En las páginas 306 y 308 del libro titulado Pagando el precio, sobre el asesinato de los padres jesuitas en la UCA, la investigadora Teresa Whitfield apunta lo siguiente: 

“Leonel Gómez, un salvadoreño cuya colaboración con la comisión presidido por el senador Joseph Moakley fue determinante, organizó las entrevistas o al menos las más delicadas, por ejemplo un desayuno con Roberto d’Aubuisson. Formalmente no constituía parte de ninguna institución, pero Leonel Gómez era una especie de institución en sí mismo en cuanto a las percepciones de Washington sobre El Salvador. 

“Provenía de los cafetaleros ricos de Santa Ana y había sido vicepresidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria cuando su presidente, Rodolfo Viera, fue asesinado junto con dos funcionarios estadounidenses del AIFLD, en el hotel Sheraton, en San Salvador, en enero de 1981. En Estados Unidos, Leonel dejó estupefactos e impresionados a quienes lo oyeron denunciar la corrupción y brutalidad de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. 

“En una cultura política donde la desconfianza y el miedo tienen una presencia penetrante y muy a menudo tangible, Leonel hizo lo que casi parecía imposible y mantuvo contacto con un amplio rango de salvadoreños a través del espectro político y militar. Por su medio, los periodistas y políticos norteamericanos tenían acceso a salvadoreños, ya fueran estos militares, banqueros, jueces o comandantes del FMLN, y los salvadoreños, por su parte, tenían acceso a los estadounidenses, cosa inimaginable a través de los canales oficiales de la embajada o de las organizaciones internacionales de derechos humanos. 

“Pero todo esto le dio un perfil extraño y complicado: mientras los sectores del centro político y la izquierda creían que trabajaba para la CIA, los de la derecha lo consideraban miembro del FMLN.. Amigo personal muy cercano del embajador Bill Walker desde la década de los setenta, Leonel Gómez estuvo bajo la protección temporal de la embajada estadounidense, pues era muy consciente de que en San Salvador había mucha gente que se hubiera alegrado si lo hubiesen visto muerto”.

Y en efecto, Leonel era muy consciente de eso, pero solía decirme: “Sí, pueden matarme por lo que hago pero quien me toque, por muy poderoso que sea, sabe que tiene que pagar un muy alto precio al norte. Por eso, aunque quieran, es muy difícil que en realidad se atrevan”. 

En una ocasión, yo le había dicho que todo su trabajo investigativo en el caso Soto se habría simplificado si “Alí”, aquél informante anónimo que se había comunicado conmigo, nos hubiera rendido su informe. “Hubiera servido de mucho, sí, pero no lo suficiente para esclarecer el caso, Estas son tramas muy complejas y él solo era una pieza menor de un rompecabezas muy grande”, me dijo, y tomó de su librero una novela de Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí, de la cual me mostró un párrafo subrayado:

“No es gratuito y no es un capricho que en el espionaje o en las conspiraciones, el saber de quienes participan en una misión o en una maquinación o en golpe (en lo clandestino, en lo solapado), sea difuso, parcial, fragmentario, que cada uno esté al tanto de su cometido pero no del conjunto ni del propósito último del plan”. 

Según Leonel, en una investigación siempre se intenta establecer el cómo y sobre todo el quién, pero lo importante es el por qué. “No te pierdas demasiado averiguando cuestiones de faldas, tragos y juegos de simpatías y antipatías personales, que de todo eso puede haber sin duda, pero lo realmente revelador es el contexto. Solo si estudias y comprendes el contexto del caso puedes resolverlo”, me dijo.

Y justo el contenido del informe general era una descripción del contexto en el que ocurrió el asesinato de Gilberto Soto.

Un sindicalista del norte hablando con choferes de furgones en Centroamérica, en un momento en que los viejos contrabandistas de las fronteras estaban convirtiéndose en micárteles del narcotráfico, comprando flotillas de furgones, infiltrando las instituciones del Estado, corrompiéndolas, y comprando protección política a los más altos niveles.

El informe general señalaba en concreto a una banda del crimen organizado que había sentado sus reales en la zona oriental del país, y que tenía bajo salario a una red de policías, fiscales, jueces y políticos. Esos eran los protagonistas de la trama criminal, ejecutada operativamente por un grupo de sicarios ligada a la policía, según el informe de Leonel. 

Como he dicho, por aquello de preservar mi salud, no me dio a conocer los nombres de los involucrados ni me reveló quién era finalmente el destinatario único de su informe específico, pero unos cuatro años después, ocurrieron algunos eventos que parecían corroborar punto por punto la teoría de Leonel Gómez sobre el caso Soto.  

Efectivamente, en un discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2010, el entonces presidente Mauricio Funes dijo lo siguiente: “Es preciso reconocer que los organismos estatales se encuentran infiltrados por el crimen organizado, y que sin una decidida vocación para combatir esa infiltración en nuestras instituciones, no nos será posible enfrentar los enormes retos que la realidad nos impone”.

Mauricio Funes afirmó eso porque, entre otras cosas, conocía un informe de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, a cargo de la licenciada Zaira Navas, en el que se detallaba una investigación interna por corrupción, y complicidad con el crimen organizado, que involucraba a más de 20 oficiales que ostentaban los más altos cargos de la PNC desde su fundación.

Entre esos oficiales estaba Ricardo Meneses, quien había sido el director general de la Policía de 2003 a 2006, periodo en el cual ocurrió tanto el asesinato como la investigación del caso Soto, y Douglas Omar García Funes, jefe de la unidad especializada responsable de la investigación y las capturas en el mismo caso.

Al referirse a Ricardo Meneses, el mencionado informe de la Inspectoría General de la PNC dice lo siguiente: 

“Iniciamos investigaciones por faltas graves y muy graves en  contra del exdirector general, a quien se le atribuyó responsabilidad por el presunto fracaso de cuatro operativos diseñados para capturar al reconocido narcotraficante José Natividad Luna Pereira, debido a la fuga de información mientras era director de la institución y vínculos con dicha persona, protección a una persona vinculada a un delito de homicidio, enriquecimiento ilícito, entre otras”.

Hay que decir que ese narcotraficante, José Natividad Luna Pereira, formaba parte de la banda de contrabandistas del oriente del país que luego transitaron al narcotráfico, a la que se refería Leonel Gómez en su informe general, banda que luego sería conocida como Los Perrones. Más claro ni el agua.

Después, en 2015, el periodista Héctor Silva Ávalos publicó el libro Infiltrados, una exhaustiva y detallada investigación sobre la corrupción y la penetración del narco en las instituciones de Estado salvadoreño, y ahí da nombres y apellidos de jefes policiales, fiscales, jueces y altos operadores políticos directamente involucrados en esa oscura trama. 

En ese libro no se aborda el caso Soto, pero si profundiza la exposición del contexto en que tuvo lugar.

Finalmente, por mi parte, sé muy bien que un reportaje periodístico no equivale a un proceso judicial, y que por tanto la verdad periodística no constituye una verdad legal. Y también sé que el hecho de ser investigado no equivale a ser condenado. La presunción de inocencia es en todo caso un principio irrenunciable. Culpable solo es quien ha sido oído y venido en juicio.

En definitiva, yo no sé quién mató al sindicalista Gilberto Soto, pero sí sé que el sistema judicial salvadoreño ha sido hasta el día de hoy incapaz de averiguarlo, de procesar y de castigar a sus asesinos, a quienes les pagaron y a quienes los protegieron desde las instituciones del Estado.