En total son $3,607 millones, de los cuales $3,257 millones son para bonos y $350 millones en el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para gasto corriente de este 2018.
Cada diputado dispone de $15,000 para contratar al grupo de asesores, según Leonardo Bonilla.
Los sindicalista señalan que el dinero para estos beneficios ya han sido aprobados y amenazan con acudir a otras instituciones para que se investigue el destino de esos fondos.
Según la documentación los empleados fueron cesados de su cargo el 1 de mayo.
La propuesta será presentada mañana en la Asamblea Legislativa, los abogados se muestran positivos.
El actual presidente de este órgano de Estado ha comenzado a dar pasos para sanear el abuso de contrataciones y la semana pasada decidió suprimir 142 nuevas plazas que se abrieron antes de finalizar la legislatura pasada.
El presidente del Legislativo, Norman Quijano, dijo que espera que la actual gestión se caracterice por el diálogo, la transparencia y la austeridad.
El acuerdo de la junta directiva pretende entregar un presupuesto anual con una reducción gradual, que al final de la legislatura sea de un 15%.
Pese a que se ha hablado de austeridad, los directivos de la Asamblea van a recibir uno de los privilegios que han sido cuestionados desde la opinión pública.
El presidente además denunció que en la primera sesión de la junta directiva hubo una moción de parte de Gallegos para que Quijano no tenga las atribuciones de contratar y despedir personal de manera exclusiva.
