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Ordenó a la Fiscalía iniciar proceso civil para que, de ser encontrado culpable, definiera los montos que Saca deberá entregar por el caso Destape a la corrupción; mientras que por el proceso relacionado con el donativo de $10 millones entregados por China-Taiwán resolvió que el delito prescribió en 2014.

En los próximos días se devolverá el proceso al Juzgado de Extinción de Dominio para que continúe con la audiencia, en donde se definirá si los 12 inmuebles y los $134,655 encontrados en dos cuentas bancarias pasan a manos del Estado.

El pasado 27 de marzo la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador decidió procesar en libertad al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil y le impuso una fianza de $10,000.

El 21 de mayo de 2018, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, anunció una "triste decisión", como la calificó en ese momento, al referirse sobre el despido de aquellos empleados que habían sido contratados entre el 1° de diciembre de 2017 y el 30 de abril de 2018.

El magistrado no brindó declaraciones ante los medios tras finalizar la audiencia.

Los hechos sucedieron el 18 de febrero de 2019 en la colonia Alta Vista de Ilopango.

La reapertura del caso es para buscar a los autores intelectuales, hecho que ocurrió en el marco de la Ofensiva Final que lanzó la exguerrilla en 1989. 

Los diputados señalaron que existen elementos de prueba para su desafuero. 

El juez de Paz había ordenado procesar al sujeto el libertad y había desestimado las pruebas de la cámara de videovigilancia de Santa Tecla que captaron la agresión.

Dos hombres y una mujer se colocaron gorros navarones y decidieron hurtar una cámara de videovigilancia, ubicada frente a la entrada de la comunidad Iberia, en San Salvador.