La denuncia fue interpuesta el 21 de junio del año 2005 ante la FGR; el empresario aprovechó que el delito estaba por expirar para pagar una cantidad menor de lo que había retenido.
Hasta este sábado la PNC sigue sin pistas sobre el paradero de Enrique Rais, quien tiene la ciudadanía suiza, y de otros implicados a quienes el viernes se giró la orden de recaptura, pero la notificación se filtró antes a la prensa que a los acusados.
El juzgador aclaró que el empresario, acusado de ser cliente de una red de prostitución de menores de edad, debería estar en las bartolinas hasta que la seguridad del empresario fuera garantizada.
El caso pasó a la etapa de instrucción, pero será un juzgado de San Salvador el que lo conocerá, ya que fue en esta zona en la que se desarrollaron la mayoría de los hechos atribuidos a los acusados.
La millonaria cantidad habría sido pagada por Yu “Martin” Xu a la firma Royal Court Escort de Sídney, la cual le prometió "acompañantes femeninas de prestigio internacional para la prestación de servicios sexuales".
El millonario empresario exigía un millón de dólares en retribución por daños sicológicos causados por supuestas amenazas hechas por Herrera.
El empresario estima que su abogado confabuló en su contra, por lo que al cabo de algunos años tendrá que pagar más de $5 millones en concepto de cuotas alimenticias para sus hijos.
Tres de los 124 empleados a quienes el empresario descontó cuotas de AFP, ISSS e IPSFA, denunciaron el hecho ante la Fiscalía; sin embargo sus demandas prescribieron mientras que el patrono solo recibió una multa.
La mujer inició los trámites de divorcio ya que asegura que durante los 42 años de matrimonio sufrió agresiones físicas y verbales.
Tras haber sido demandado inicialmente por su hermano y su cuñada, el empresario exige una indemnización por daños y perjuicios, alegando que sus familiares se valieron de sus influencias en el sistema judicial para procesarlo.
