La demanda señala las reformas realizadas por los diputados hace unas semanas y que parecen quitarle fuerza a la ley.
Le sentencia les da a los partidos el 1 de noviembre como un ultimátum para que proporcionen el origen y destino de los fondos con que financiaron sus campañas electorales de los años 2014 y 2015.
Los diputados recibieron un nuevo golpe de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que echó al piso las reformas aprobadas recientemente.
El magistrado aseguró que la Sala le va a dar seguimiento a las medidas que -a su juicio- de manera ambigua anunció el presidente a quien recomienda trabajar para cumplir las medidas ordenadas antes del 31 de octubre.
Los tres hijos del matrimonio no serán investigados en caso de supuesto enriquecimiento ilícito en contra de el exmandatario y su esposa, Ana Ligia de Saca.
Esta es la primera ocasión que el Ejecutivo -de forma directa- va contra la Sala; antes lo habían hecho funcionarios y dirigentes del partido oficial.
La Sala de lo Constitucional ordena no hacer transferencias a instituciones afines a partidos políticos, congelar plazas, congelar los aumentos en los escalafones y no contratar seguros médicos.
Los magistrados señalan que el presupuesto está desfinanciado y que los montos que se aprobaron por los diputados no representan los verdaderos gastos que debe cumplir el Gobierno.
Los magistrados estarían por emitir la resolución en la demanda planteada contra el presupuesto general de la nación.
Los magistrados argumentan que la reforma contradice una sentencia brindada hace unos meses en la que se ordenaba buscar un mejor interes por el uso del dinero de los jubilados.
