La Fiscalía los acusó de permitir que las pandillas se fortalecieran económicamente entre los años 2012 y 2013 a cambio de una disminución de los homicidios para favorecer políticamente al Gobierno de turno.
El exfuncionario es acusado de agredir sexualmente y violar a la víctima con el presunto conocimiento de su esposa, quien no denunció a su pareja e incluso habría colaborado a privar de libertad a la niña para que no se supiera el caso.
Los pandilleros fueron entregados a las autoridades salvadoreñas en la frontera La Hachadura, en Ahuachapán.
Según la Fiscalía, hasta la fecha, la mujeres no devolvieron el dinero a la víctima. Serán acusadas de estafa.
Muyshondt, Rivera Chacón y Portillo Linares son procesados por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.
