Argumentaron que el 7 de agosto finalizó el plazo para que la Fiscalía presentara las pruebas de los delitos por los que acusa a la exprimera dama; no obstante, solicitaron prórroga hasta febrero del otro año, algo que para los defensores no es permitido por la ley.
Las capturas se realizaron en la capital durante los controles instalados en zonas cercanas a bebederos.
La petición fue interpuesta el lunes 4 de marzo, pero el juez decidió negarle solicitud.
La oficina que se ocupa de deportar a los detenidos "removió a 5,872 supuestos pandilleros, un aumento de 9% respecto al año fiscal 2017.
En las afueras de su vivienda, se encuentran tres policías custodiándolo de forma permanente para garantizar su seguridad, según informes de las autoridades.
Los dos agentes serán enviados a prisión mientras dure la etapa de instrucción, mientras que la mujer policía vinculada en este caso guardará arresto domiciliar.
