El feminicidio ocurrió en enero de este año en una finca de Ataco, donde también fue encontrado con vida -tres días después- al menor de poco más de un año.
A los bienes se les aplicó el proceso de extinción de dominio por el caso Corruptela, informó la Fiscalía.
Roberto Rodríguez, una de las personas que sirvió de testigo en ambos casos, señaló a Meléndez de presionarlo y “torturarlo” para que dijera cosas que no le constaban pero que iban a servir para incriminar, así lo dijo su abogado a la salida de la institución.
Para terminar la rueda de prensa Martínez comentó que mientras estuvo al frente de la institución “siempre estuve al lado de las víctimas”.
El exfuncionario emitió sus palabras al ser presentado a la audiencia especial de aportación de pruebas por el caso de fraude procesal, del que se le acusa junto al exfiscal Julio Arriaza y los abogados Luis Peña y Francisco Grimaldi.
El exfuncionario también fue condenado a pagar $125,000 al religioso español.
Martínez divulgó una serie de conversaciones personales de la víctima, en el contexto de una investigación en la que se utilizó el sistema de intervención telefónica.
El tribunal determinará el próximo lunes si el proceso judicial pasa a la etapa de sentencia. Según el ministerio público por el delito de divulgación de información podría enfrentar una pena de ocho años de prisión.
Los implicados están vinculados a otros militares que secuestraron jóvenes en Ahuachapán el años pasado. El juzgado programó la audiencia para mañana a las 9:00 a.m.
La mujer se encuentra detenida en el puesto policial de San Rafael Obrajuelo.
