La FGR aseguró que tanto el expresidente como su hijo no han reintegrado al Estado $419,145.09 luego de haber recibido una condena en un juicio por enriquecimiento ilícito que llevó a cabo la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.
El expresidente de la CSJ y su cónyuge fueron condenados a devolverle al Estado $230,873.77. Sin embargo, según la FGR, la restitución de ese dinero no se ha realizado desde la condena en 2021.
Otto Mauricio Rosales Torres usaba la excusa de revisarles las tareas a las alumnas, para lo que las llamaba a quedarse después de los horarios de clase, las llevaba al fondo del salón en donde él impartía y allí cometía las agresiones.
La confesión de uno de los acusados reveló que él y otros pandilleros planificaron el asesinato de Luigui Doze y ayudó a las autoridades a detallar los roles de cada participante en el crimen, incluida una hermana de la víctima, quien mantenía una relación con uno de los agresores.
Otros seis exfuncionarios de la administración Funes no se sometieron al proceso abreviado, en su mayoría porque se encuentran ausentes, fuera del país, en calidad de prófugos de la justicia.
La Fiscalía demostró que en el año 2021 "los pandilleros llegaron a las casas de varias víctimas para exigirles $5,000 y las amenazaron con que de no entregar el dinero, debían irse de sus residencias o les causarían daños y las matarían".
Las víctimas quedaron muertas dentro del autobús. Según las investigaciones policiales, la razón de Cruz García y de los otros pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios para matar a las víctimas es que pertenecían a la pandilla contraria.
El menor fue interceptado por el delincuente, y al ver que tenía un celular nuevo intentó robárselo. La víctima puso resistencia, el imputado lo lanzó al suelo y le colocó su pie en el cuello dejándolo inconsciente, aseguró la Fiscalía.
