El Juzgado Primero de Familia le impuso a Francisco R. el pago de $400 mensuales, de los cuales $300 corresponden a la manutención de sus dos hijos, de 10 y 11 años, y otros $100 para pagar parte de la cuota de la vivienda donde residen.
Al observar que el sujeto peleaba con el menor, la sentenciada colaboró al agarrarle el brazo a la víctima para neutralizarla; eso fue aprovechado por el agresor para asestarle cinco puñaladas.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía estuvo el relato de la menor, y los abusos fueron cometidos desde abril de 2019.
Las investigaciones fiscales han determinado que son al menos siete sociedades en las que supuestamente Miranda cometió el delito.
La víctima fue asesinada a balazos cuando se dirigía a su trabajo, en su vehículo, en la calle El Arenal, cerca de la Villa Kiwani y la colonia Guayacán.
Según las investigaciones, Alfaro se aprovechó de su posición de pastor de la iglesia y le pidió a la mamá de la víctima que enviara a la menor a su casa para que le ayudara en los quehaceres.
