Otros 42 sujetos fueron enviados a juicio. Las investigaciones indican que pandilleros se involucraron con empresarios para movilizar en sus negocios el dinero obtenido de las extorsiones. Se informó que un aproximado de $2 millones de dólares fue lavado.
Los sindicalistas mantenían desde el día lunes un paro de labores en dicho lugar, "por diferencias con la jueza", indicó un miembro del SITTOJ. Por lo que hubieron unas discusiones entre los empleados y la juzgadora, que estaba molesta por la situación.
En su historial ya que fue sancionada por fumar en la sala, por no asistir a una declaración por ir al gimnasio mientras trabajaba y presentarse en una audiencia con su gato.
Rosa Elena de Lobo es acusada de manejar una red de blanqueo que se alimentaba de los fondos que administraba el despacho de la primera dama.
Familias desintegradas o el abandono del Estado en materia de políticas públicas para la población son algunos de los factores que inciden en el ámbito delictivo de los menores de edad.
La jueza del Tribunal 1° de Sentencia especificó punto por punto las inconsistencias en los relatos e indicó que la versión de Daniel no coincide con la de los testigos e incluso dijo que el joven llegó a mentir en la audiencia al decir que no conocía la marihuana cuando en una entrevista admitió consumirla.
La víctima murió en febrero de 2016, luego de que dos supuestos pandilleros dispararan en al menos siete ocasiones contra su rostro y su cuello. La Fiscalía pidió condenarlos por homicidio agravado, pero la juzgadora lo consideró un homicidio simple.
La exjueza, Astrid Torres Flores, aceptó que emitió órdenes de libertad y que elaboró los cómputos de ley sin tomar en cuenta todos los delitos de los sujetos.
El salvadoreño es procesado en ese país por delitos relacionados con el narcotráfico, mientras que en El Salvador es perfilado como un peligroso miembro de la MS que estuvo en la lista de "los 100 más buscados".
A la empleada de la policía se le acusa de cobrar $640 por limpiar antecedentes policiales, junto a ella se acusa a su esposo y a un abogado que servía de supuesto vínculo entre la mujer y sus víctimas.
