Según la acusación, las agresiones fueron cometidas entre febrero del 2018 y marzo del 2020 en Alajuela. Después, el imputado huyó a El Salvador, pero fue detenido en el 2021 en la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán.
Los cuatro delitos de los que acusan al salvadoreño son homicidio en primer grado, tentativa de homicidio en primer grado, tentativa de homicidio en segundo grado y uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave violento.
Las investigaciones determinaron que los condenados cometieron los crímenes en los departamentos de Usulután y San Miguel entre los años 2002 y 2009.
El récord delictivo que posee es de homicidio, extorsión, lesiones, agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.
Con la reforma, los casos de feminicidio no podrán archivarse y la persecución contra los responsables no terminará hasta que logren ser enjuiciados por esa causa.
