Absuelven a padre e hijo acusados de amenazar a habitantes de condominios en San Jacinto para que desalojaran sus casas
La Fiscalía argumentaba que los hombres amenazaron a los habitantes de los condominios Altos de América para que desalojaran.
La Fiscalía argumentaba que los hombres amenazaron a los habitantes de los condominios Altos de América para que desalojaran.
A este sujeto se le imputa también el delito de fraude procesal, debido a que intentó borrar evidencia en la escena del supuesto crimen, según la Fiscalía. Por ese caso, se le decretó detención provisional.
A Óscar Noé Montoya también se le imputan los delitos de hurto y acoso sexual contra mujeres del partido de derecha.
El sujeto, quien tiene discapacidad auditiva y del habla, fue auxiliado ante el juez por un traductor, cometió una serie de tocamientos y le expresaba frases indebidas a su alumna de cuarto grado.
La medida fue dada a conocer durante la audiencia inicial que se realizó el martes.
El imputado es un activista en Estados Unidos que promueve el uso de marihuana medicinal. Cuando fue capturado llevaba 300 gramos de esta sustancia, que equivale a $42 en el mercado.
Pocasangre también está siendo procesado por otro hecho, donde es acusado por los delitos de comercio ilegal y depósito de armas de fuego, de acuerdo a la acusación que presentó la Fiscalía en el 2017.
Para la relatora de la CIDH, muchas mujeres que sufren complicaciones obstétricas o abortos espontáneos "son condenadas por homicidio agravado", todo con base en la sospecha "de haberse inducido un aborto y en posible violación de su derecho al debido proceso".
El sujeto es acusado por el delito de fraude procesal, debido a que intentó borrar evidencia, según la Fiscalía. Además, el requerimiento por feminicidio fue presentado ayer domingo ante el mismo juzgado de Santa Ana y la audiencia de ese hecho será hasta el próximo miércoles.
La Constitución salvadoreña establece en su principio de reciprocidad que “los derechos y garantías reconocidas en la ley salvadoreña deben ser respetadas por el gobierno que solicita la extradición”. Las leyes del país prohíbe imponer pena de muerte y cadena perpetua.